El primer año del gobierno del presidente José Raúl Mulino ha dejado en evidencia una gestión improvisada sin planes definidos y con más incertidumbres que soluciones. Durante la contienda electoral prometió “chen chen en el bolsillo” apelando a la nostalgia de un dinero fácil, en una economía que aparentó florecer. Muchos panameños confiaron en que con él se podrían revivir esos tiempos, sin embargo, esa esperanza se ha desvanecido ante la falta de planes concretos para una verdadera y sostenible reactivación económica, generando un estancamiento y el empeoramiento de las condiciones de vida.
La actual administración carece de una estrategia clara para reactivar la economía, generar empleos de calidad y reducir los niveles alarmantes de pobreza. A pesar de que la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS) exigía una reforma urgente, el proceso fue guiado por presiones externas y no por una verdadera voluntad de diálogo nacional. Se eligió una solución técnico – económica sin construir consensos ni pactos sociales, lo que ha minado la confianza ciudadana. Ignorando el rechazo masivo a la Ley 462, el presidente ha insistido en imponer una visión unilateral, cerrada al debate y a la rectificación.
El interés nacional ha quedado subordinado a los condicionamientos de la deuda externa. La política económica del Ministerio de Economía y Finanzas ha promovido una supuesta contención del gasto. No obstante, se han solicitado préstamos millonarios —incluso a bancos privados— no para infraestructura o inversión social, sino para cubrir planillas y amortizar deuda. No hay un plan de reactivación ni una estrategia para el desarrollo productivo ni territorial. La tasa de desempleo y los altos niveles de informalidad hacen que el costo de vida sea cada vez más insostenible para las mayorías.
La seguridad pública también ha sufrido un deterioro preocupante. En lugar de adoptar una estrategia preventiva e inclusiva, el gobierno ha criminalizado la protesta social y utilizado excesivamente a la Fuerza Pública. La declaratoria del estado de urgencia y la suspensión de garantías constitucionales en Bocas del Toro reflejan una clara incapacidad de diálogo y mediación. No se puede tratar a la ciudadanía como si fuese enemiga del Estado.
El estilo de liderazgo del presidente Mulino es marcadamente autoritario. Desconoce la legitimidad de quienes disienten y también menosprecia las reglas democráticas. No promueve acuerdos ni consensos. La intimidación, la desacreditación y la amenaza han sido las herramientas para atacar a sus adversarios.
La justicia continúa siendo selectiva: el procurador general, a quien el presidente ha llamado “amigo”, no ha impulsado investigaciones relevantes y el clientelismo en el manejo del Estado se mantiene beneficiando a sus allegados con cargos diplomáticos y notariales, lo cual ha debilitado aún más la institucionalidad democrática.
A esto se suma la preocupación por los memorandos de entendimiento firmados con Estados Unidos en materia de seguridad, negociados en total opacidad, sin transparencia ni rendición de cuentas. El gabinete permanece ausente del debate público y no responde a las urgencias del país. Instituciones claves, como el Ministerio de Educación, no están cumpliendo su rol.
En materia ambiental, la crisis generada por la mina en Donoso carece de un plan de mitigación y cierre. El gobierno se ha centrado en reactivar una concesión declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y ampliamente rechazada por la ciudadanía, cuya reapertura podría desencadenar una nueva crisis social.
El presidente José Raúl Mulino gobierna con una agenda cerrada, desconectada de las prioridades nacionales. Su estilo impositivo sin voluntad de escucha está polarizando aún más al país. No hay apertura al diálogo, ni planificación para el desarrollo y, mucho menos, disposición a construir soluciones conjuntas. Mientras tanto, la población sobrevive entre la precariedad, altos costos de vida y deterioro del acceso a servicios básicos como salud, medicamentos, agua, vivienda y educación.
Desde el partido Movimiento Otro Camino (MOCA) hemos reiterado la necesidad de abrir canales de diálogo. Nuestros diputados han enviado comunicaciones formales al Órgano Ejecutivo sin recibir respuestas. Hemos presentado propuestas y lo seguiremos haciendo. Aunque en un inicio hubo señales de voluntad para abordar la crisis de la CSS, esa disposición se ha transformado en una política autoritaria, ajena a la empatía ciudadana y cerrada a la concertación.
El balance de este primer año es profundamente negativo. Ha sido un periodo dominado por la imposición, la falta de planificación, la exclusión social, la represión de la protesta y el desprecio por los principios democráticos. El presidente Mulino no puede gobernar con tan bajos niveles de legitimidad y desconexión con la ciudadanía. Su mandato exige apertura, construcción de consensos y atención prioritaria al interés común. El país no soportará una nueva crisis como la vivida durante el conflicto minero o la actual situación social.
Panamá merece otro modelo de liderazgo. Desde MOCA reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, con la justicia social y con una economía centrada en la dignidad humana. Tenemos propuestas, equipos y voluntad; nuestra disposición a escuchar es permanente. Estamos listos para trabajar por el país y con el país, si el gobierno demuestra la madurez de abrir espacios reales de diálogo.