Ricardo Lombana acudió hoy a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para solicitar la entrega de documentos y la certificación de una serie de hechos relacionados con la autorización del aumento de tarifas eléctricas a los usuarios de las empresas Elektra Noreste, S.A. (ENSA), Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste (EDEMET) y Empresas de Distribución Eléctrica de Chiriquí, S.A. (EDECHI).
El candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (Moca) fue recibido por Noemí Tile, directora del Departamento Legal; Rodrigo Rodríguez, director de Electricidad; y por las analistas económicas de Electricidad de la ASEP, Rebeca Flores y Luciana Chen, comitiva a la cual también entregó una petición para “suspender, de manera inmediata y con carácter retroactivo, la nota y el documento o resolución emitido por la ASEP de no objeción de aumentos de tarifa de ENSA para el semestre enero-junio de 2024, supuestamente emitido por la institución el 28 de diciembre de 2023”.
El aumento en la tarifa eléctrica, que está por el orden del 15% aplicado al primer semestre de 2024 y que alcanza a medio millón de panameños, de acuerdo con Lombana, es ilegal. “Es ilegal, primero, porque los panameños no sabemos y no conocemos si esta entidad, la ASEP, emitió lo que la ley le obliga, que es un certificado o un documento de no objeción”.
Mencionó que todo aumento tarifario debe cumplir con una consulta ciudadana como lo establece la ley de transparencia y que, además, la empresa debe brindar un servicio de calidad, algo que no está sucediendo, motivo por el cual han ido en aumento las quejas de miles de usuarios que se ven afectados cuando se les dañan, principalmente, sus electrodomésticos.
“Si el Estado no está dispuesto a que la ASEP regule, entonces nosotros, cuando lleguemos a gobierno, haremos los cambios que tengamos que hacer para que la institución sí regule, sí exija y sí cumpla la ley cuando pretendan aumentar una tarifa de manera ilegal”, indicó Lombana.
Asimismo, aseguró que si las empresas no cumplen se tendrán que buscar los mecanismos legales para dar por terminados sus contratos y sustituirlos por nuevos prestadores o nuevas empresas que sí cumplan con los panameños.
La solicitud realizada por el líder de Otro Camino está sustentada en la Ley 6 de 22 de enero de 2002 sobre transparencia en la gestión pública y el artículo 41 de la Constitución Nacional que, consagra el derecho de la petición de todos los ciudadanos. A partir de la fecha, la ASEP tiene 30 días calendarios para emitir una respuesta.
