Tras cumplirse, el pasado viernes 10 de septiembre, el plazo de 30 días que tenían para responder las solicitudes de información adicional presentadas por Ricardo Lombana sobre la extensión del contrato entre el Estado y Panamá Ports Company (PPC), tres de las instituciones vinculadas a la negociación se negaron a proporcionarla, mientras que la restante aún no se pronuncia.
«En cuestión de pocas semanas hemos visto cómo, desde el Órgano Ejecutivo, se blindó información del Consejo de Gabinete, poniendo así un candado a los temas de transparencia; y ahora pasa lo que tal vez todos estábamos esperando, que las instituciones del Gobierno se pusieran de acuerdo para limitar el acceso a una información que nos pertenece a todos los panameños», dijo Lombana al respecto.
La Contraloría General de la República, para evitar facilitar los datos que se pidieron, se amparó en un reglamento interno que, claramente, entra en contradicción con la Ley de Transparencia en la Gestión Pública, y el Ministerio de la Presidencia, con el mismo propósito, se basó en asuntos de forma para salirse por la tangente.
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), por su parte, en esta ocasión se rehusó a dar información sobre el tema, pese a que anteriormente ya la habían entregado, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hasta la fecha, no ha dado respuesta.
Frente a este panorama, el también presidente provisional del partido en formación «Movimiento Otro Camino» manifestó su disconformidad porque aún no se ha publicado la resolución en la cual se renueva el contrato por 25 años más y no se han mostrado ni la auditoría realizada a la empresa, ni el acuerdo de accionistas. «Se siguen limpiando unos con otros sin entregar la información que sustenta la decisión tomada y ni siquiera sabemos quién negoció, a nombre del Estado panameño, ese contrato. Las contradicciones son tantas y el secretismo es tan vulgar que, evidentemente, están ocultando algo, el pueblo no es pendejo…», recalcó.
Debido a los resultados negativos de las gestiones emprendidas para que la ciudadanía panameña conozca detalles de un contrato que atenta contra los intereses de la nación, Lombana interpondrá próximamente sendos recursos de Habeas Data contra la Contraloría, Presidencia, AMP y MEF.
«Seguiremos insistiendo porque los ciudadanos tenemos derecho a utilizar todos los mecanismos posibles para que la información se conozca, por eso ahora iremos a la justicia para pedirle que ordene a las instituciones vinculadas al caso, que entreguen información que es pública», sentenció.
Con estas acciones ciudadanas reiteramos la importancia de exigirle siempre a nuestras autoridades que rindan cuentas y que sean transparentes en sus gestiones públicas, hasta lograr que los asuntos de interés para todos los panameños dejen ya de mantenerse en secreto y de reposar en una especie de baúl con llave.
Si desea leer las respuestas enviadas por las instituciones, puede descargarlas en los siguientes enlaces: