La Procuraduría General de la Nación confirmó, el pasado 9 de abril, que funcionarios de la Contraloría irrumpieron en una diligencia activa de la Fiscalía Superior Anticorrupción, impidiendo su culminación. Dicha diligencia era parte de una investigación por enriquecimiento injustificado contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, proceso activado por la propia Contraloría a partir de sus auditorías y de la denuncia formal que ella misma presentó ante el Ministerio Público.
La Contraloría emitió un comunicado negando cualquier interferencia. Ese comunicado no subsana lo ocurrido. La presencia del Contralor en la sede de la Fiscalía durante una diligencia activa es un hecho documentado y ninguna explicación institucional posterior valida, autoriza ni da cobertura legal a la interrupción de un acto investigativo ordenado por autoridad competente. Un contralor que considera que sus funcionarios están siendo maltratados tiene canales formales para actuar, y el irrumpir físicamente en una diligencia penal no es uno de ellos.
La Contraloría tiene funciones de fiscalización del gasto público, no tiene facultad para intervenir en diligencias penales. Esa distinción no es un tecnicismo, es la separación de poderes que sostiene cualquier Estado democrático de derecho.
El Colegio Nacional de Abogados calificó lo ocurrido como una grave extralimitación de funciones. Organizaciones especializadas advirtieron que impedir diligencias legales no solo retrasa procesos, sinó que debilita la confianza ciudadana y compromete la validez de las pruebas. Los peritos están obligados a colaborar con la justicia, independientemente de si sus declaraciones benefician o no a los investigados.
MOCA lo ha sostenido desde su fundación: la corrupción es el mecanismo sistemático que impide que los recursos del Estado lleguen a quienes más los necesitan. Una institución de control que obstaculiza investigaciones penales no cumple su función constitucional, la cumple al revés.
Respaldamos la investigación penal que la Procuraduría ya abrió y exigimos que la Corte Suprema ejerza su rol constitucional y garantice el debido proceso. La investigación debe establecer con precisión qué ocurrió, quién lo ordenó y cuáles son las consecuencias, y esos resultados deben ser públicos.