El MOVIMIENTO OTRO CAMINO ve con preocupación los incidentes ocurridos en los predios de la Asamblea Nacional estos últimos días, y lamenta profundamente las restricciones de acceso al hemiciclo legislativo, que han impedido a los ciudadanos levantar su voz de protesta, producto del manejo irresponsable dado al Proyecto de Reformas Constitucionales.
El uso excesivo de fuerza, por parte de efectivos de la Policía Nacional con el objetivo de intimidar y reprimir, manifestaciones legítimas, deteniendo a personas, en abierta violación a protocolos internacionales relativos a las manifestaciones públicas, como también la limitación a los medios de comunicación para informar y documentar los hechos derivados de las actuaciones policiales, ensombrecen aún más el proceso de reformas constitucionales.
Nuestra Constitución Política así como los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos suscritos por nuestro país, reconocen y garantizan la protección del derecho a la manifestación, a la libertad de expresión y la libertad de prensa, por lo que las instituciones del Gobierno Nacional deben ofrecer las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer dichos derechos sin temor a ser víctimas de la represión ni de detenciones arbitrarias que limitan la libertad personal injustamente.
Condenamos cualquier acto de violencia o vandalismo que se realice en el marco de las protestas pacíficas, por parte de elementos desestabilizadores. Admiramos el valor y patriotismo de la juventud que está alzando su voz; la protesta social pacífica de causas legítimas debe ser escuchada con atención y no ignorada. Dichas protestas, que han sido reiterativas desde hace meses, previamente han recibido rechazo por parte de los miembros de la Asamblea e ignoradas por el Órgano Ejecutivo, sin considerar ofrecer alternativas al diálogo.
Antes que la crisis política escale a niveles más graves, es necesario que se suspenda el proceso de discusión de reformas constitucionales, se ordene la detención inmediata de actuaciones policiales que ponen en riesgo la vida e integridad física de los ciudadanos y se tomen acciones gubernamentales orientadas a buscar el diálogo.