COMUNICADO
MOVIMIENTO OTRO CAMINO
Con mucha preocupación observamos cómo deliberadamente, algunos diputados de la Asamblea Nacional introducen cambios a los proyectos de leyes que se debaten en el pleno, que desvirtúan los propósitos que dichas leyes persiguen, en el momento en que fueron concebidas. Esta vieja práctica, denominada madrugonazos o camarones legislativos, se constituye en actos de oportunismo legislativo para seguir permitiendo la corrupción y que los que cometan delitos encuentren puertas de salida e impunidad y que la administración de justicia sea un acto ilusorio frente al ojo escrutador de la sociedad.
Esta vez está ocurriendo claramente en el contenido del Proyecto de Ley 91 presentado por el diputado independiente Gabriel Silva, sobre los delitos sexuales en contra de menores de edad y el reforzamiento de las penas que se aplican a estos. Algunos diputados han introducido modificaciones al artículo 65 del Código Penal, que coartan la discrecionalidad del juez en cuanto a aplicar el trabajo comunitario en los casos que realmente lo ameriten, haciendo obligatoria la aplicación de este sustituto de la pena sin
ningún tipo de distinción y sin tomar en cuenta la gravedad de los hechos.
Esta modificación, hecha a la medida de algunos condenados a prisión, permitirá –de aprobarse– que todo delincuente cuya sanción sea inferior a cinco años goce de libertad inmediata sin importar la gravedad de los hechos cometidos o el daño inferido a la víctima; en este sentido, vemos que en la mayoría de los casos de alto perfil, en los que se han dilapidado millonarios fondos del Estado, los procesados están llegando a acuerdos de pena con el Ministerio Público en donde justamente se logra que la sanción a imponer sea inferior a estos cinco años.
De esta manera, jamás se podrá construir un país con decencia y las futuras generaciones tendrán como ejemplo que el delito sí paga. Confiamos en que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, cumplirá su palabra y vetará parcialmente este proyecto de ley para que no permita otra vez que gane la impunidad.
Panamá, 2 de febrero de 2020