El Movimiento Otro Camino, organización política en proceso de reconocimiento como partido en formación, expresa su profunda preocupación por la frágil situación institucional que atraviesa la justicia panameña, la cual ya deteriorada, se enfrenta ahora a la renuncia de la Procuradora General de la Nación, en medio de un escándalo de filtración de comunicaciones privadas, quedando expuesta tanto una lamentable trama de tráfico de influencias e injerencia política en investigaciones judiciales, así como la abierta violación de la privacidad de las comunicaciones personales que, en este caso, alcanzó entre otros, a un Presidente de la República en funciones.
Uno de los más caros anhelos del pueblo panameño ha sido y será que los fondos públicos sean administrados con transparencia y rendición de cuentas, para que sus demandas de educación, salud, seguridad, agua potable y bienestar puedan generar las oportunidades necesarias para un sano y equitativo desarrollo nacional.
Es de todos conocido, que nuestra sociedad ha sido estremecida por los actos de corrupción que han salido a la luz pública en los últimos años y que vienen afectando la credibilidad de los Órganos del Estado, ante la impunidad rampante por efectos de los pactos de recámara que inciden en los procesos de investigación por parte del Ministerio Público, como también en la misma administración de justicia.
Hoy día, ante la renuncia de la Procuradora General de la Nación, tenemos como legado un Ministerio Público cuestionado por la falta de investigación de todos los escándalos graves producto de contrataciones públicas cuyos montos triplican los costos reales de las obras y proyectos a realizar, y que han dejado una secuela de vicios ocultos, sin la debida reparación y aplicación de las fianzas correspondientes.
Con respecto al nuevo representante del Ministerio Público, los ciudadanos nos sentimos sin representación, pues ahora el Órgano Ejecutivo debe negociar, al igual que lo tendrá que hacer con la ratificación de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la Asamblea Nacional, controlada hoy por un grupo de diputados sobre los cuales pesan graves denuncias de corrupción. Es decir, quienes deben ser investigados por corrupción decidirán quién investiga y quién juzga la corrupción.
Ante la ya reiterada falta de voluntad de investigar en debida forma los delitos de corrupción, y ante el pésimo ejemplo que estas acciones producen en las generaciones presentes y futuras, se hace impostergable encontrar vías alternas de investigación que generen sosiego y tranquilidad a nuestro país.
Es por ello que el Movimiento Otro Camino solicita a las autoridades, previo cumplimiento de los requerimientos legales, la designación de una Fiscalía Especial, independiente, con amplias facultades de investigación de todos los actos de corrupción cometidos en los últimos años, caiga quien caiga, sin distinción. Es imperativo, además, que dicha designación de una Fiscalía Especial tenga como requisito primordial el no pertenecer ni haber pertenecido a un partido político, ni tener conflicto de intereses frente a las investigaciones que le corresponda realizar.
Finalmente, el próximo Procurador General de la Nación no debe salir de las entrañas de ningún Órgano del Estado y no debe pertenecer ni representar a grupos de intereses, pero sí estar revestido de una honorabilidad y ética incuestionable.
Sobre la justicia descansa la paz y la convivencia pacífica de una sociedad democrática. Estamos, posiblemente, ante la última oportunidad que la confianza ciudadana podría tolerar y debemos evitar la llegada de escenarios de inestabilidad en los que todos perderemos. Al Presidente de la República, le exhortamos con respeto a desprenderse de su vinculación político partidista y a que no permita que lo poco que queda de futuro para los panameños que vienen detrás de nosotros se termine de desvanecer.
Panamá, 13 de noviembre de 2019