La tarde de este jueves, los abogados Ricardo Lombana y Martita Cornejo, en calidad de ciudadanos panameños, interpusieron un amparo de garantías constitucionales contra el acuerdo municipal 243 del 27 de noviembre de 2019 en el que se aprobó el presupuesto de 30 millones de dólares para la recuperación de las playas de la Bahía de la ciudad de Panamá.
Minutos antes de la presentación de esta acción legal en el Registro Único de Entradas del Órgano Judicial en Ancón, Lombana criticó la aprobación del monto citado por un acuerdo municipal “sin haber cumplido con la ley de descentralización que obliga a que los ciudadanos, antes de la aprobación del presupuesto, digan, opinen, cuestionen y decidan sobre proyectos que son pagados con los recursos de todos los panameños”.
Asimismo, indicó que otra razón para la iniciativa es el posible daño ambiental que provoque el proyecto. “Estamos preocupados, al igual que muchos panameños, por el efecto que puede tener este proyecto en el ambiente, no solo por el asunto de la extracción de la arena, sino también por todo lo concerniente al saneamiento de la bahía, que no está listo”, explicó.
“Hemos acogido como último recurso antes de que se realice, como se tiene previsto, el acto del 12 de marzo, solicitarle a la justicia que, luego de evaluados los argumentos, se ordene su suspensión para que se realice el proceso como debe ser. Es inaudito que justamente ahora que la tecnología ha avanzado y que las leyes permiten la participación ciudadana, nos quieran coartar este derecho. Esperamos que la justicia haga su trabajo”, precisó el jurista.
La abogada y activista ambiental, Martita Cornejo, por su parte, sostuvo que no se puede aprobar el uso de 30 millones de dólares a través del Consejo Municipal para un proyecto cuyo alcance y efectos nocivos contra el ambiente, los ciudadanos desconocen y dijo tener la esperanza de que el juez o jueza a la que le toque el caso “sea valiente y reconozca que a los ciudadanos se nos están vulnerando nuestros derechos de participar en las decisiones con respecto a proyectos que se pagan con nuestro dinero”.
El documento presentado, de manera textual, solicita lo siguiente:
“Como cuestión previa y urgente, en vista de los graves daños que está causando esta medida a los largo del tiempo, tanto presente como futuro, y las evidentes y palmarias violaciones a las normas constitucionales e internacionales, solicitamos, conforme lo que disponen los artículos 2621 y 2623 del Código Judicial, la suspensión inmediata del acto en todos sus componentes, incluyendo el acto de participación ciudadana que se pretende desarrollar de modo tardío, ante la inminencia que se proceda con la ejecución y uso de los fondos municipales sin que se haya tomado en cuenta, previamente, la voz de la ciudadana en la aprobación del proyecto”.
Apenas 10 minutos después de entregada la solicitud de amparo, se designó como encargada del caso a Solange Le Ferrec, Jueza Cuarta Civil del Primero Circuito Judicial de Panamá.
Se espera que luego de los trámites de rigor, en las próximas horas el juzgado ordene la suspensión de las actuaciones del Municipio de Panamá, hasta tanto se resuelva el amparo de garantías constitucionales.
Panamá, 5 de marzo de 2020