Ante el reciente anuncio sobre la planilla transitoria 002, a través de la cual cada diputado podrá disponer de hasta B/. 20 mil mensuales para la contratación de personal, el Movimiento Otro Camino Panamá hace del conocimiento de la ciudadanía su posición.
En primer lugar, es imperativo recordar que la asignación de fondos –sin control– a la Asamblea Nacional ha venido siendo, históricamente, una fuente de corrupción, nepotismo, despilfarro de dineros de los panameños y, sobre todo, una forma de destinar fondos públicos para proselitismo político por parte de diputados. Lamentablemente, el balance o contrapeso que debe ejercer el Legislativo sobre el Ejecutivo se ha venido desdibujando con la asignación de dinero por parte del Ejecutivo a los diputados, con lo cual suelen pactar, negociar y controlar.
La ciudadanía aún espera que se rindan cuentas sobre los más de B/. 400 millones en partidas otorgadas a diputados bajo la administración Martinelli, así como también espera que se rindan cuentas sobre los más de B/. 200 millones dados a través de las planillas 080, 172, Pandeportes y otros mecanismos utilizados bajo la administración Varela.
La ciudadanía ha repudiado lo ocurrido en ambas administraciones, pues los escándalos han sido de proporciones mayores, mientras las necesidades prioritarias de la población quedan desatendidas. Aun así, y a pesar de haberse presentado denuncias, reina una total impunidad sobre estos casos. Reiteramos un llamado a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público para que cumplan con sus obligaciones constitucionales e investiguen, respectivamente, a los diputados, exdiputados, funcionarios y particulares que hayan estado involucrados en delitos contra la administración pública.
A pesar de todo lo anterior, se ha decidido mantener una planilla transitoria de B/. 20 mil mensuales para la contratación de personal, lo cual suma B/. 17.3 millones al año y, si se mantiene, 86 millones en 5 años. Y nos preguntamos ¿qué necesidades básicas de la población panameña se atienden con esos millones?
A pesar de que han anunciado algunas guías para la utilización de los fondos, siguen siendo de uso discrecional, sin establecer reglas claras para la contratación, perfiles, escalafones, criterios de selección y descripción de los puestos. Consideramos que los puestos deben ser iguales para todos los diputados y remunerados igual para todos y, sobre todo, no debe mantenerse la discrecionalidad para que utilicen dichos dineros como les plazca y sin lógica alguna, ni criterios profesionales y técnicos. Son dineros públicos.
Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente a los 71 diputados de la Asamblea Nacional, lo siguiente:
1.- Que se elabore y apruebe un reglamento que regule la selección de personal bajo la planilla 002 en los términos que se mencionan anteriormente, para garantizarle a la ciudadanía que se está contratando personal idóneo y sin discrecionalidad.
2- Que demuestren que no es necesario despilfarrar dinero de los panameños para cumplir con las funciones constitucionales de un diputado.
3- Que contraten el personal estrictamente necesario para cumplir con las funciones constitucionales de un diputado.
4- Que las funciones constitucionales de un diputado se pueden cumplir con mucho menos de B/. 20 mil mensuales.
5- Que no se requieren promotores deportivos, culturales ni comunales, ni son parte de las funciones constitucionales de un diputado.
6- Que no realicen contrataciones por razones de vínculos familiares ni amistad.
7- Que publiquen tanto en el sitio web de la Asamblea Nacional, como en las redes institucionales y de los diputados, los nombres, funciones, títulos o experiencia laboral, mensualidad asignada, del personal que contraten.
8- Que establezcan un mecanismo transparente de control de asistencia de su personal, de manera que la ciudadanía tenga forma de monitorear que toda persona contratada está efectivamente cumpliendo con un horario y trabajo asignado.
Solicitamos, en consecuencia, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República, que se trabaje en la regulación del uso de estos fondos y, sobre todo, que no los asignen ni refrenden, respectivamente, si no se regula su uso de forma transparente. Así mismo, solicitamos a la Contraloría ejercer su rol de fiscalización debidamente y no permitir el uso de dineros públicos de manera discrecional y para fines no permitidos por la Constitución.
Finalmente, exhortamos el Órgano Ejecutivo a que durante la elaboración del Presupuesto General del Estado 2020 y en línea con un plan de austeridad y recorte del gasto público, reduzca al mínimo necesario la cifra hoy vigente de la planilla 002, pues no se justifica ni el monto ni la cantidad de personal para los diputados. Además, si se está contrayendo nueva deuda para cumplir con obligaciones del Estado, también debe apretarse duramente el cinturón en gastos de funcionamiento.
#SEGUIMOS
Panamá, 19 de julio de 2019