El Gobierno Nacional ha demostrado una vez más que NO es confiable y que no respeta ni ha hecho respetar la institucionalidad nacional. Ha cometido una cadena de errores que se constituyen en graves ofensas a Panamá y a toda nuestra población:
Primer error: En diciembre de 2017 la Corte Suprema de Justicia, en una tardía decisión, declara inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero, que aprobó el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla S.A. La concesión de Petaquilla S. A. fue traspasada a la actual empresa, sin embargo, ni el Gobierno anterior ni el actual han hecho nada para respetar esa decisión de nuestro máximo organismo judicial, demostrando un total irrespeto a nuestra institucionalidad y al marco normativo vigente. La empresa ha seguido operando por cinco años en abierto desacato a ese fallo, con la absoluta complicidad del Gobierno Nacional y en medio de un total limbo jurídico.
Segundo error: En diciembre de 2021, cuando de manera unánime la Corte Suprema de Justicia, tras rechazar por improcedentes todos los incidentes de nulidad, advertencias de inconstitucionalidad y/o solicitudes de aclaración o revocatoria presentados, vuelve a reiterar su posición, reconociendo la total validez de lo fallado en el 2017 y aclarando que la empresa minera no mantiene ningún vínculo jurídico con el Estado panameño. El sospechoso retraso en la publicación del fallo de 2017, como si de ello dependiera la validez, en nada afecta la obligatoriedad de su cumplimiento ya que las sentencias de inconstitucionalidad surten efecto a partir de su ejecutoria y no de su publicación.
Tercer error: En enero de 2022 el Gobierno Nacional anunció que había culminado la “negociación” de un nuevo contrato con la empresa y hasta comunicó de qué manera se distribuirían esos ingresos, pero nunca conocimos este texto ni vimos un documento firmado. Estas negociaciones se realizaron con la misma opacidad con la que ha actuado este Gobierno, pese a que se discutían asuntos del mayor interés nacional que ponen en peligro el uso de nuestros recursos minerales, la preservación de nuestro ambiente, la protección de los miles de puestos de trabajo, el grado de inversión y, por último, la reputación de nuestro país. Además, esta negociación ha estado marcada por graves conflictos de interés, por las vinculaciones, previas a sus actuales funciones, del vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, en su carácter de abogado de la empresa minera. Se desconocen las decisiones institucionales y en paralelo se negocia con una empresa.
Cuarto error: Se pretende repetir el error de firmar un nuevo contrato sin reformar el Código de Recursos Minerales y ofreciendo el establecimiento de condiciones más favorables para el país, tales como: aumentar las regalías y los cánones y reducir o eliminar las exenciones y los créditos fiscales. Lo que es peor, se incurre en las mismas violaciones constitucionales con la aprobación de un Contrato Ley anterior, negociado también por un gobierno PRD.
Quinto error: Once meses después de anunciar el famoso acuerdo, el Gobierno Nacional le da un supuesto ultimátum a la empresa para que firme el nuevo contrato, pero el plazo vence y la empresa, acostumbrada a que sus acciones ilegales sean toleradas por nuestros gobiernos, anuncia no estar de acuerdo con lo supuestamente acordado.
Sexto error: Finalmente, en una suerte de chantaje mutuo, el Gobierno Nacional anunció lo que se debió anunciar hace cinco años: la suspensión de operaciones comerciales de la empresa. No obstante, el anuncio del Gobierno Nacional ha dejado más preguntas que respuestas, como siempre. Resulta incongruente que se hable de suspender operaciones comerciales y, al mismo tiempo, de preservar los miles de empleos directos.
Exigimos que se ponga un alto a los manejos de espalda a la nación panameña. Exigimos total transparencia y la información precisa de cómo se realizará este proceso. Tenemos que saber si la extracción de minerales continuará y quién la manejará. Tenemos que saber qué minerales se extraen, qué medidas de protección ambiental y de mitigación de daños se han tomado y se tomarán. Tenemos que saber si la empresa, como corresponde, asumirá estos costos, así como los laborales.
El Gobierno de Laurentino Cortizo tiene que asumir la total responsabilidad de respetar y hacer valer el derecho que tenemos los panameños de decidir el uso de nuestros recursos naturales; y de evitar el abuso y destrucción de nuestra maravillosa biodiversidad, la cual hemos estado regalando ante la mirada pasiva, complaciente y cómplice de varios gobiernos consecutivos, incluyendo el actual.
Panamá, 19 de diciembre de 2022