Luego de 33 días de protestas ininterrumpidas en diferentes puntos del país, los panameños centraremos, a partir de hoy, toda nuestra atención en el desarrollo de la sesión permanente del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, en este momento, es el fiel de la balanza para devolver la paz al pueblo panameño.
En esta especial y delicada coyuntura, el Movimiento Otro Camino hace un llamado a esperar el resultado de la reunión plenaria y reitera su confianza en que el fallo de la Corte se dará en derecho y se corresponderá con lo ya expresado por los dos procuradores generales, y con el sentir manifestado por la ciudadanía en estas últimas semanas de movilizaciones en defensa de nuestro territorio y recursos.
Frente al escenario de que la CSJ declare INCONSTITUCIONAL el contrato entre el Estado y Minera Panamá, nuestro partido ha planteado una hoja de ruta basada en los siguientes aspectos:
1- El Gobierno Nacional es el único con potestad para ejecutar acciones tras el fallo, principalmente articuladas a través de los ministerios de Comercio e Industrias (Mici) y de Ambiente (Miambiente), los cuales tienen muchas tareas que cumplir, de acuerdo a sus leyes orgánicas y reglamentos.
2- No podemos sacar a la minera de Panamá sin exigirle responsabilidades, para lo cual es obligatorio emprender 5 auditorías ineludibles: ambiental, financiera, tributaria, laboral y legal. Este escrutinio debe ser realizado por profesionales independientes a cualquier poder del gobierno y al finalizar sabremos si Panamá le debe a la minera o viceversa. De darse el último caso y de llegar Moca al gobierno, interpondremos las demandas pertinentes para que se pague al país hasta el último centavo adeudado.
3- Panamá necesita un equipo negociador de alto calibre, conformado por abogados, economistas, y especialistas ambientales (científicos) que, a su vez, sea apoyado con una auditoría ambiental internacional, un diagnóstico financiero de la operación minera y un estudio ecotoxicológico para verificar los efectos en la salud que la operación minera pueda haber provocado en su personal y en comunidades vecinas. La auditoría ambiental debe tomar en cuenta, también, el daño a la zona marino costera y la contaminación a las fuentes de agua subterránea del área.
4- Se debe determinar la forma más eficiente y menos costosa de cerrar la mina. En otras palabras, hay que buscar que, en el menor tiempo posible, la mina deje de operar, para festejar que ya no operará ninguna minera a cielo abierto en Panamá. Y también se debe buscar el equipo más adecuado para ejecutar este plan de cierre, que sea capaz de diseñar un marco institucional que permita crear una entidad autónoma encargada de la restauración ambiental de estos territorios. Este es un esfuerzo que, posiblemente, tomará 20 años o más.
5- Exigimos la total transparencia de este proceso. La población debe estar completamente informada de cada paso, para que los ciudadanos se conviertan en veedores y fiscalizadores. En ese sentido, cuando Moca sea gobierno implementaremos el mandato que el pueblo panameño ha gritado durante este último mes: ¡NO A LA MINERÍA!.
El daño ya está hecho; la crisis económica y ambiental es grave e innegable, pero tenemos una estrategia trazada para minimizar y recomponer los daños, de la mano de un equipo de especialistas que, al llegar a gobierno, convertirá la crisis en oportunidades, de la siguiente manera:
— Convirtiendo la mina en la primera escuela de restauración ambiental del mundo para áreas devastadas, generando así turismo académico. Esto requiere diseñar e implementar una estrategia de reconversión económica “VERDE” de las zonas importadas por la minería metálica. Como hay pocos países tropicales impactados por la minería metálica, Panamá debería convertir este esfuerzo en una Academia Internacional de Restauración Ambiental, que traería a los mejores especialistas del mundo a dar clases y formar especialistas nacionales y extranjeros. Con este planteamiento, Panamá puede buscar el apoyo de la cooperación internacional y de la banca de desarrollo, así como fondos de grandes filántropos privados, que han conocido la lucha de nuestro pueblo y han expresado solidaridad y simpatía. Con esta iniciativa proyectaremos una buena imagen del país, desarrollaremos investigación, ciencia y tecnología en materia de restauración ambiental, y produciremos una nueva generación de especialistas que servirán al mundo, dado que el problema del área de Donoso también lo tienen Colombia, Ecuador, Brasil, África y el Sudeste de Asia.
— Dándole un nuevo uso al puerto de Punta Rincón, posicionándolo como un polo de desarrollo económico del interior del país. Lo convertiremos en un puerto de uso múltiple que sirva a los pescadores en todo el Caribe panameño donde no hay nada equivalente a Vacamonte o Coquira. Sería, además, un puerto para turismo sostenible, desde el cual podrían salir cruceros o veleros hacia Portobelo, el Archipiélago de Kuna Yala, la isla Escudo de Veraguas y el Archipiélago de Bocas del Toro. Con esto, el puerto beneficiará a los moradores de la zona abaratando costos, mejorando su calidad de vida y creando empleo.
Esto es lo que nosotros, en el Movimiento Otro Camino, deseamos y planeamos para nuestro querido país. Pero también debemos estar preparados para la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia no falle como a nosotros y a miles de panameños que han dejado claras sus posturas, nos gustaría. En caso de que esto pase y se concluya que el contrato es constitucional, continuaremos usando todas las herramientas con las que el pueblo cuenta para luchar legítima y pacíficamente, sin vulnerar las libertades del resto.
Una vez estemos en gobierno, Panamá será para todos, se acabará la época en la que nuestro país se vende a unos pocos y haremos respetar la Constitución.
¡Seguimos!